El aterrizaje de tres lujosos jets privados en Pereira (aeropuerto Matecaña), con varias mujeres a bordo que venían de rumba, dio pie a una investigación transnacional contra la mafia que se movió en los últimos días en Estados Unidos.
La investigación, publicada por El Tiempo Casa Editorial el sábado 29 de abril, arrojó que oficiales federales del ICE comprobaron que uno de los aviones que llegó a Colombia (un British Aerospace 125) despegó 24 horas después con 8 pasajeras y una tonelada de cocaína.
Dichos aviones, descubrieron las autoridades que investigaron el caso, ya habían aterrizado en Matecaña, primero en agosto de 2019 y después a principios de 2020, procedentes de Tapachula, una ciudad fronteriza que queda en los límites entre México y Guatemala.
En este punto de la geografía centroamericana operan cinco carteles: Jalisco-Nueva Generación, Sinaloa, ‘los Zetas’ y ‘los Caballeros Templarios’, todos comercian cocaína colombiana.
El rastreo de esas aeronaves indicó el medio de comunicación ya referido, condujo a los agentes federales hasta un par de empresas abiertas en Onalaska, un pequeño pueblo en Texas en donde ni siquiera hay aeropuerto.
Algunas de estas fueron registradas por Aicraft Guaranty Corp., en calidad de fideicomitente, una compañía de la que es cabeza visible una empresaria de la aviación de nacionalidad estadounidense: Debra Lynn Mercer (empresaria de nacionalidad norteamericana y capturada en 2020).
Esta mujer también aparece vinculada a la firma Wright Brothers Aircraft Title (WBAT) y alcanzó a registrar más de mil aeronaves, incluidos helicópteros.
Ella, y así lo relató El Tiempo, que tuvo acceso a la investigación, testificó el pasado 21 de abril en el caso el teniente coronel Álex Humberto Ladino, actual jefe de Seguridad y Defensa de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).
En este orden de ideas, de acuerdo con el medio local WFAA, el oficial se presentó uniformado ante la corte federal de Sherman (Texas) y aseguró que desde que había ubicado a esta red hubo una caída del 29% de los envíos de cocaína por esa ruta.
En ese contexto también testificó el agente especial Paul Mack, quien aseguró que muchos de los aviones registrados por la mujer fueron incautados con droga, y que ella sabía muy bien quiénes eran sus clientes.
Vale referir que los narcos que operan desde Pereira en asocio con los carteles mexicanos pertenecen a la banda criminal ‘la Cordillera’, cuyos jefes viven con todos los lujos habidos y por haber a las afueras de Pereira, dice el diario bogotano, bajo la complicidad de algunas autoridades locales.
Y a ellos también están asociados los herederos del viejo cartel del Norte del Valle y un tentáculo del ‘clan del Golfo’. Todos nutren de cocaína a la mafia mexicana.
Lo que hacía Debra
La hipótesis de las autoridades es que mientras Debra ofrecía vuelos chárter legales a clientes, registraba aviones que terminaban al servicio de la mafia, quienes sabían que por llevar la letra N en sus matrículas (que distingue a aeronaves estadounidenses) no iban a levantar sospecha.
Por ejemplo, los registros del aeropuerto Mariscal Sucre, de la ciudad de Quito, que fueron revelados en 2021 por el diputado ecuatoriano Fernando Villavicencio, mostraron que la aeronave de matrícula N72LJ movilizó a la senadora Piedad Córdoba, en 2013, junto con uno de sus hijos y Álex Saab.
Esa aeronave aparece registrada a nombre de la compañía Aicraft Guaranty Corp. y también hizo otros vuelos legales con pasajeros de alto nivel. Pero al mismo tiempo seguía registrando aviones, muchos de los cuales cayeron con cargamentos de cocaína o fueron abandonadas con alijos de droga en Belice, Guatemala, Honduras y Venezuela.
Ahora, lo que precisa la investigación de El Tiempo es que en las acusaciones del caso apareció una aeronave ligada a Colombia, un jet privado Hawker-700, de matrícula N777EH, que fue incautado cuando sus tripulantes pretendían salir del aeropuerto El Dorado de Bogotá hacia México, con 168 kilos de cocaína.
Este episodio se registró a las 7: 10 de la noche del 26 de enero de 2020 y documentos oficiales precisaron que la aeronave había sido negociada por la compañía Projets Inc. de Michael Assad Marcos, señalado cómplice de la empresaria Mercer. Al día siguiente, al parecer, la aeronave fue ‘vendida’ a un empresario que habría muerto en 2019.
Sin embargo, en Colombia fueron capturados los turistas mexicanos que se movilizaban en el aparato: Belén Fernando López Velarde, Brenda Farías Tagle y Elisabeth Margarita Acosta Acosta, quienes iban rumbo a Tapachula con la droga en sus equipajes.
En este punto de la investigación es claro que Aicraft Guaranty Corp. registró un viejo avión de más de dos millones de dólares que perteneció a un sujeto identificado como Heriberto Gastelum Calderón. El vendedor que hizo este traspaso es un capo del cartel de Sinaloa, pieza que terminó sellando la suerte de la empresaria.
Cuatro días después de la incautación del jet apareció una carta a nombre de Debra Lynn Mercer-Erwin y dirigida al capo, diciéndole que se iniciaría la reasignación y baja de la aeronave.
En el caso colombiano, en sentencia de diciembre de 2020 se declaró la extinción de dominio de la aeronave incautada en El Dorado, que posteriormente se le asignó a la Dian, y en el fallo se especificó que la empresa en cuyos hangares aterrizó, Helistar S. A. S., era ajena a los hechos delictivos.
Los tres turistas mexicanos fueron pedidos en extradición y la empresaria estadounidense afronta una acusación que incluye cargos por narcotráfico, lavado de dinero, violaciones de exportación y violaciones de registro de aeronaves. Su sentencia se debería estar conociendo en los próximos días, y la defensa ha argumentado que a ella no le correspondía averiguar qué transportaban los dueños.
Debra también está inmersa en una especie de pirámide que movió 4,9 millones de dólares en complicidad con un ciudadano argentino.
La empresaria participó junto a siete personas más, entre ellas su hija, Kayleigh Moffet, y el argentino Andrés Machado, en una operación de estafa en la que se perdieron, al menos, 240 millones de dólares. Mercer-Erwin recibía millonarias sumas de dinero de inversionistas y aseguraba que el monto permanecería en la cuenta bancaria de otra de sus compañías.
De hecho, se halló que Mercer-Erwin utilizaba las nuevas consignaciones para pagar depósitos anteriores y acumuló 4.9 millones de dólares en tarifas por prestar este servicio fraudulento.
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