María René Álvarez​

El Día Internacional de la Madre Tierra, conmemorado cada 22 de abril, nos llama a la reflexión “para generar conciencia sobre el impacto que genera la contaminación, la importancia de cuidar la biodiversidad y la responsabilidad ambiental del ser humano”.

En Bolivia, la principal amenaza es el daño a la biodiversidad que se provoca por acciones relacionadas directamente con el manejo de la política y el Estado.

Por ejemplo, la permisividad con la actividad extractivista minera, con concesiones cada vez más amplias para que un sector sea beneficiado, incluso amenazando con ingresar a nuestras áreas protegidas, todo por la prebenda política del voto.

Recién se aprobó 19 contratos mineros para ampliar la actividad de los cooperativistas en La Paz, pese a las observaciones a la misma Ley Minera, por el riesgo de que las nuevas áreas sean contaminadas en sus cuencas, lagos, ríos, vertientes y embalses.

Las áreas protegidas son destruidas, las aguas quedan contaminadas y la gente sufre daño a su salud por los efectos nocivos del mercurio como se registró con los pueblos Esse Ejja, T´siman, Lecos, Mosetene, Cavineño y Tacanas, para quienes hemos solicitados medidas cautelares tanto a nivel nacional, como es la Defensoría del Pueblo, como a instancias internacionales con las respectivas relatorías sobre pueblos indígenas.

Otro factor que atenta contra la biodiversidad son los avasallamientos y los incendios forestales. Aquello lo sufrimos especialmente en la Amazonía y Chiquitania de Bolivia, cada año, cuando se provocan las quemas descontroladas bajo una absurda práctica del chaqueo. Y quienes generan ese daño son otros grupos aliados al gobierno central, que son beneficiados con tierras o no son sancionados cuando arrebatan las tierras, sobre todo contra las comunidades indígenas que cada vez quedan más desplazadas y reducidas ante esta nueva forma de colonización.

El constante avasallamiento al Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá es una muestra de esto. Pese a existir una orden judicial para que se tomen acciones de protección a esta área protegida, los llamados a cumplir esa labor, como es la Alcaldía de San Ignacio de Velasco, no lo hacen, y con ello provocan que los avasalladores construyan casas improvisadas en medio del bosque.

La contaminación es un problema real y lo ocasionan, en este caso de las áreas protegidas, esos grupos que llegan a estas tierras para hacer desmontes y dejar asentamientos que consumen los recursos y generan residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. Ese es un problema que no se analiza en su magnitud real, porque un asentamiento en un área protegida tiene sus consecuencias directas en la contaminación ambiental.

Pero todo lo expuesto poco o nada importa al gobierno de turno y sus aliados políticos. Es más, desde el mismo presidente del Estado se negó llegar a la meta de deforestación cero en la última Cumbre de la Amazonía. Y en el Órgano Legislativo hacen oídos sordos a los proyectos presentados para derogar y abrogar aquellas normas ecocidas e incendiarias que dañan a la Tierra, como un recurso que presentamos en noviembre contra la Ley 741. El discurso de la Madre Tierra se maneja como una retórica en palestras internacionales, como la última intervención del vicepresidente David Choquehuanca en Naciones Unidas, pero en Bolivia la contaminación y la depredación van avanzando, en especial contra las áreas protegidas y los pueblos indígenas.

El problema es más complejo y solo tendrá solución con acciones concretas y voluntad política de quienes administran el poder, pero que hoy solo son cómplices de atentar contra la vida y el medio ambiente.

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