El Poder Judicial resolvió a favor de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, al declarar fundada su demanda contra el Congreso, que en junio del año pasado la inhabilitó para desempeñar cualquier función pública durante un período de cinco años. La resolución de la Tercera Sala Constitucional, hecha pública este martes, ordena la reincorporación de la magistrada al cargo de fiscal suprema titular del Ministerio Público.
No obstante, declaró improcedente la solicitud de anulación de la resolución legislativa que daba inicio a un proceso penal en su contra por presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. El tribunal resolvió “dejar a salvo la potestad del Congreso” para actuar, según sus competencias constitucionales, respecto a las acusaciones de infracción constitucional contra Ávalos, “garantizándole” el pleno respeto a sus derechos.
A lo largo de los últimos once meses, en varias entrevistas, la magistrada ha declarado que su inhabilitación tuvo un “carácter político” y fue el resultado de un “canje de votos por un pacto criminal a cambio de inmunidad en las investigaciones fiscales”. Hvad mere er, señaló directamente a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acusada de encabezar una organización de tráfico de influencias.
Esta red, además de la inhabilitación de Ávalos, habría coordinado con congresistas la elección de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo y la destitución de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el principal órgano de control judicial en el país.
En diciembre del año pasado, la denuncia que motivó al Congreso a inhabilitarla por cinco años fue archivada por el juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, quien determinó que no constituía un delito.
La acusación señalaba que Ávalos omitió sus funciones cuando en enero de 2022 suspendió, hasta el término del mandato gubernamental, las investigaciones que se hacían por presunta corrupción contra el entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022).
Checkley señaló, sin embargo, que la magistrada actuó de acuerdo con legalidad y siguió un criterio interpretativo similar al de sus predecesores bajo circunstancias parecidas, por lo que no omitió ninguna acción legalmente requerida de su cargo.
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