Tras 50 años en el Poder Judicial, el 8 de noviembre del 2022, el entonces ministro de la Corte Suprema, Guillermo Silva dejó su cargo en el máximo tribunal al alcanzar la mayoría de edad. Desde entonces ha pasado un año y medio y, hasta ahora, su vacante no ha logrado ser ocupada, ya que aún se encuentra el proceso abierto y la espera que el Senado ratifique el nombre de su reemplazante.

La demora en el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema es precisamente objeto de estudio del Observatorio Judicial en su más reciente análisis, donde se da cuenta que la asignación del reemplazo de Silva se convirtió en el proceso más lento desde la reforma constitucional del 2005, hace casi dos décadas, al proceso de selección de los ministros del máximo tribunal.

Lo anterior, porque desde que el exministro Silva dejó el cargo, el Poder Judicial tardó hasta el 13 de marzo del 2023 para enviar al Presidente Gabriel Boric, la quina con los candidatos para reemplazar al magistrado. Desde entonces han pasado 428 días, es decir, un año, dos meses y un día en el que el cargo ha estado vacante.

El periodo que ha tardado este nombramiento, según el mismo análisis del Observatorio Judicial, consigna que incluso superó el proceso vivido por ministro Arturo Prado, quien ocupó la vacante de Pedro Pierry, quien dejó la Suprema el 2016 y cuyo reemplazó tardó 263 días.

José Miguel Aldunate, director de estudios del Observatorio Judicial, explica que realizaron este estudio debido a la importante de la Corte Suprema, al ser “la cabeza del Poder Judicial”, así como también porque “son muy importantes los equilibrios políticos al interior de la Suprema. Para que la Corte Suprema pueda ser neutral, que es como debe serlo, es importante que estén representadas ahí varias sensibilidades que permitan un bloqueo mutuo y permitan que tengamos un tribunal imparcial”.

Un extendido proceso

El nombramiento de los ministros(as) de la Corte Suprema es realizado por el Presidente, quien propone al Senado el nombre de un candidato a partir de una quina elaborada por el Poder Judicial. En ese proceso, y para reemplazar a Silva, en junio del año pasado el Mandatario propuso a la Cámara Alta el nombre de Jessica González, sin embargo, meses después lo bajó por falta de apoyos.

En diciembre del año pasado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos repuso el nombre de González, pese a aquello hasta ahora su nombre no ha sido ratificado por el Senado. A este se suma, además, los procesos de nombramientos, también pendientes, de otros dos ministros, los que buscan ocupar las vacantes de los exministros Jorge Dahm y Haroldo Brito, quienes dejaron la Suprema en diciembre del año pasado. De hecho, el máximo tribunal no ha querido llamar a más concursos para quinas en espera de que el Ejecutivo acelere las tratativas.

Para analizar la tardanza, el informe del Observatorio analizó las dos etapas del proceso, para lo cual contó los días entre que la quina del Poder Judicial es propuesta y hasta la nominación del Ejecutivo. Lo otro, son el tiempo entre la nominación del gobierno y la ratificación del Senado.

En general, es precisamente el primer proceso el que toma más tiempo. Aquello, según explica Aldunate, se debe a que es en ese periodo en que el Poder Ejecutivo busca los apoyos en el Senado antes de enviar un nombre. “Lo que el Ejecutivo va a buscar siempre es llegar con el nombre consensuado, porque de lo contrario, se genera una situación muy intensa y desgastante políticamente para los candidatos y para el propio funcionamiento del Poder Judicial. Intentan consensuar el nombre antes de presentarlo, lo cual está muy bien, pero eso ha generado que muchas veces no se nombren a tiempo a las personas”, explica el director de estudios del organismo.

Dragomir Yankovic/Aton Chile

Dragomir Yankovic/Aton Chile (DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE/)

El estudio del Observatorio Judicial también consigna que esta situación es algo que se ha intensificado durante el último tiempo y no sólo con los nombramientos de los ministros de la Corte Suprema. Y es que también ha habido una demora en la designación del fiscal nacional, el defensor de la Niñez, así como también los nombramientos de ministros en el Tribunal Constitucional, el Consejo para la Transparencia y hasta en los tribunales ambientales.

La demora en estos procesos asegura el director de estudios del Observatorio, se debe a un “fenómeno de fondo que está detrás” y que está relacionado al “mal funcionamiento político”. Aldunate relaciona aquello con las dificultades que existen para llegar a acuerdos, las falencias en el sistema político y porque “el escrutinio que hace el Senado es cada vez más mañoso, más minucioso, cuesta mucho llegar a acuerdos y la fragmentación y la polarización contribuyen a este fenómeno”. Todo aquello a su juicio termina afectando a otro poder del Estado, en este caso la Suprema, la que se ve afectada con la integración de las salas y de los reemplazos que se deben realizar.

¿Cómo solucionar la demora en el proceso? Aldunate sostiene que “no hay recetas fáciles”, pero que hay cosas que se pueden hacer. “Por ejemplo, sería positivo avanzar en su sistema de suplencias, como tiene el TC, que permite una cierta regularidad mayor en las funciones de la Corte Suprema, y eliminar la figura de los abogados integrantes”. Pero además de eso, sostiene, se debe ir al problema de fondo “y eso pasa por la reforma al sistema político, se ha hablado mucho de polarización, se ha hablado de fragmentación”.

De Cerda a González

El estudio realizado por el Observatorio Judicial calculó el tiempo que tardó los nombramientos de todos los ministros(as) de la Corte Suprema desde el 2005. En ese sentido, da cuenta que el primero en ser nombrado bajo el sistema fue el magistrado Carlos Cerda, quien tardó 106 llegar al máximo tribunal. El último caso es el de la ministra Jessica González, proceso que duró 114 días. (Ver infografía)

Durante las dos décadas del análisis, y en los casos más extensos, destacan los nombramientos del ministro Prado, seguido de la ministra Andrea Muñoz, en un proceso que tardó 240 días. Más atrás están los nombramientos del actual presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco quien tuvo que esperar 215 días antes de ocupar el cargo. También hay casos como los de la ministra Adelita Ravanales (199), Jean Pierre Matus (160), Carlos Aránguiz (161), entre otros.

En caso contrario, existen nombramientos que tardaron muy poco tiempo. El que tardó menos fue el exministro Carlos Cerda, nombramiento que tardó -en los dos etapas- tan solo 19 días. Existen otros casos como el del magistrado Juan Araya que demoró 27 días.

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