Entre enero y marzo de este 2024, en Bolivia se registraron 272 conflictos sociales, de distintos sectores sociales que realizaron bloqueos de caminos, marchas, huelgas, entre otras acciones de protesta en defensa de sus demandas. La mayor parte de estas movilizaciones tienen tinte político porque fueron impulsadas desde la línea radical del MAS en contra de la prórroga de magistrados judiciales, pero también las protestas se dan por la difícil situación económica del país y en contra de las medidas gubernamentales.
Los datos provienen de estudios proporcionados a EL DEBER por la Fundación UNIR, que realiza un análisis de la conflictividad en Bolivia. Este estudio identifica dos principales factores que impulsan estas acciones: primero están las protestas por la situación económica y la administración estatal, y segundo, la mayoría de los conflictos por esas demandas, fueron impulsadas y realizadas por las facciones radicales del Movimiento Al Socialismo (MAS), lideradas por el expresidente Evo Morales.
Al respecto, el sector privado productivo del país, expresa su alarma por estas acciones y rechaza cualquier tipo de movilización de protesta ya que afecta a toda la cadena productiva del país que va desde los agricultores, transportistas hasta el sector agroindustrial.
Análisis de los conflictos
Los estudios de la entidad identifican como un punto principal de los conflictos suscitados en los primeros meses de 2024, las acciones impulsadas por grupos afines al expresidente Evo Morales del Movimiento Al Socialismo (MAS), que generaron protestas, sobre todo en los departamentos del eje troncal del país, en especial, en los meses de enero y febrero.
El motivo principal de estas protestas fue la prórroga de mandato de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional que culminaron su mandato constitucional de seis años, el 31 de diciembre de 2023. Estas acciones de protesta afectaron a la economía del país, a la vez que también ocasionaron otras protestas de grupos afines al Gobierno, como respuesta a las movilizaciones de sectores antigubernamentales.
De los 272 conflictos registrados entre enero y marzo de este año, UNIR destaca que en enero se registraron 85 conflictos a escala nacional, y la mayoría de los mismos ocasionó “la afectación económica provocada por los bloqueos carreteros efectuados por seguidores de Evo Morales ante la prórroga del mandato de magistrados”.
Esta medida tuvo una inmediata respuesta desde sectores que apoyan el oficialismo como el transporte pesado nacional e internacional, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) afín al Gobierno, productores de leche, gremiales y otros actores que salieron a las calles protestando porque durante más de dos semanas en enero, se impidió la libre circulación de personas y mercadería.
“Como expresión de la división interna y del desgaste del MAS, los conflictos ideológico-políticos están adquiriendo creciente notoriedad. Las protestas convocadas por Evo Morales en rechazo a la prórroga del mandato de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura –lo cual no favorece sus aspiraciones presidenciales– movilizaron al Pacto de Unidad y a la Csutcb afines al expresidente, así como a los cocaleros del trópico cochabambino.
También hubo movilizaciones del Pacto de Unidad y de la Csutcb que respaldan a Luis Arce y de otros actores en rechazo a los bloqueos. En Oruro se produjo un enfrentamiento entre ambos bandos por la elección de la directiva de la Brigada Parlamentaria”, refiere el estudio. Estas movilizaciones, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, ocasionaron un daño económico que sobrepasaría los 1.000 millones de dólares.
Pero además de ese tema, también se generaron conflictos por la deficiente gestión pública como la conclusión del Hospital del Niño en Cochabamba, el mantenimiento de la infraestructura de la Maternidad Percy Borland en Santa Cruz, la crisis hídrica en Potosí y las inundaciones en Los Yungas de La Paz y en regiones de Cochabamba.
Pero, superior a esas demandas, adquirieron creciente notoriedad los conflictos ideológico políticos como una “expresión de la división interna y del desgaste del MAS”. Las protestas contra los magistrados prorrogados fueron empleadas en los conflictos internos del partido.
“Si bien la prórroga del mandato de magistrados es ampliamente percibida como un acto ilegítimo, también se advierte que el conflicto es resultado del interés político de un sector del MAS y no de una preocupación genuina por la idoneidad del órgano de justicia. Estando relativamente próximas las elecciones nacionales es previsible que este tipo de conflictos se multiplique”, vaticina el estudio de UNIR.
En febrero de 2024 se registraron 89 conflictos en Bolivia, una cifra más elevada que enero a pesar de que febrero supone una “tregua social” por la fiesta del carnaval y las inundaciones ocasionadas por las lluvias.
No obstante, los datos revelan que la conflictividad de febrero estuvo ligada principalmente a temas económicos como la situación económica y empleo con un 39% del total de casos.
La afectación causada por los bloqueos carreteros de sectores del MAS afines a Evo Morales continuó generando protestas por parte de gremiales y vecinos en La Paz y El Alto, productores de leche y avicultores en Cochabamba y el sector empresarial en Santa Cruz.
También provocó conflictos la falta de combustible en las ciudades que afectó la libre circulación y la falta de pago a los proveedores generó escasez en las ciudades capitales. Los propietarios de cisternas se movilizaron exigiendo a la estatal YPFB que pague el monto adeudado por cuatro meses de transporte.
A ese problema se sumó la escasez de dólares que afecta a la importación de productos y paralizó algunas operaciones. De forma paralela, surgió el rechazo al proyecto de ley de pensiones, que según los médicos establecía la jubilación forzosa a los 65 años.
En marzo, se incrementaron los conflictos y se registraron 89 en todo el país. Éstos tenían dos fuentes centrales: las protestas por la deficiente administración de los tres niveles del Estado, es decir: Gobierno nacional, departamental y municipal, y la difícil situación económica del país.
En el tercer mes de 2024, las protestas fueron más por temas regionales, como falta de obras en unidades educativas, construcción de hospitales, instalación de alcantarillados, en Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Oruro, Tarija y La Paz. En marzo destacan conflictos en torno al Censo de Población y Vivienda y las delimitaciones fijadas para el registro de datos.
El responsable del área de Monitoreo y Análisis de Conflictos de la Fundación UNIR, Huáscar Pacheco, adelantó a EL DEBER que el nivel de conflictos registrados en abril de este año puede superar las cifras de los tres primeros meses. “Estimamos que la conflictividad ha subido un poco, va a estar por encima de los cien, pero sin superar los 110 conflictos por mes”, recalcó.
Temor del Gobierno
A la radiografía de UNIR se suma la alarma por el Decreto 5143 de Registro de Derechos Reales, que en los últimos días provocó un nuevo frente de conflicto para el Gobierno. Ante el rechazo y protestas contra este decreto, el presidente Luis Arce, escoltado por el Pacto de Unidad, anunció la abrogación de dicha norma, no sin antes acusar a la oposición de distorsionar el espíritu del decreto y aprovechar el mismo con fines políticos para desestabilizar su gestión.
“Hay un plan de desestabilización que está en marcha para convulsionar el país a partir de este decreto supremo (5143)”, dijo el jefe de Estado y aseguró que “hay un plan de convulsión social para las próximas semanas que está en marcha”, utilizando como argumento las demandas sociales.
Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.
Recent Comments