A casi tres semanas de la muerte de Franco Vargas (19), el Ministerio Público continúa con las pesquisas para determinar la causa del deceso.
Si bien el certificado de defunción concluyó que su fallecimiento fue por un “infarto agudo al miocardio/muerte súbita”, la Fiscalía busca determinar qué pasó antes y si hubo o no apremios ilegítimos que hayan estado vinculados a su muerte.
Por lo mismo, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera -quien mantiene una contienda de competencia para indagar la causa con la ministra en visita, Jenny Book- pidió practicar una diligencia clave: la exhumación del cuerpo de Vargas y así practicar una nueva autopsia a cargo del Servicio Médico Legal (SML).
Para eso, el persecutor solicitó al Juzgado de Garantía de Arica fijar una audiencia para obtener una autorización que le permita llevar a cabo esta pesquisa.
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Según el escrito, “el Ministerio Público actualmente se encuentra desarrollando una investigación, por el fallecimiento de la víctima Franco Antonio Vargas Vargas” y “apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos”.
De acuerdo a lo consignado por el fiscal, la víctima ingresó de urgencia el día 27 de abril al Cesfam Rural de Putre, “verificándose que el paciente no mantenía signos vitales, constatando su deceso a las 07: 12 horas. Al momento del fallecimiento (…) se realizó la autopsia de rigor por parte de peritos del Servicio Médico Legal, para efectos de determinar la causa de muerte de la víctima, sin embargo no se realizó conforme al Protocolo de Minessota”.
El persecutor explicó al tribunal que este protocolo “establece una norma común de desempeño en la investigación de una muerte potencialmente ilícita y un conjunto común de principios y directrices para los Estados, las instituciones y las personas que participen en la investigación”.
En el texto, además, el fiscal detalló que la solicitud “se sustenta en que dicha diligencia investigativa, ha sido solicitada al Ministerio Publico, por el propio querellante y víctima” y, por lo mismo, se pide la realización de una audiencia “para efectos de determinar la procedencia de la exhumación del cadáver”.
El tribunal decidió fijar la audiencia para el 4 de junio a las 8.30 de la mañana.
La competencia será definida por la Suprema
El martes el Juzgado de Arica decidió zanjar la competencia de la causa, dejando el caso en manos de la Fiscalía y no en la justicia militar, donde la persecutora es al ministra en visita, Jenny Book.
El tribunal determinó que “es recomendable, de acuerdo a las directrices del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que sea la jurisdicción civil u ordinaria” quien conozca la investigación.
A pesar de esta “primera victoria” para la Fiscalía, será en la Corte Suprema donde se zanje la competencia. Desde ayer que el máximo tribunal ya cuenta con los antecedentes del caso para poder tomar una decisión, la cual estará marcada por los fundamentos que entregará la investigación a la ministra Book o el fiscal Carrera.
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Fuentes del caso, sin embargo, advierten que el panorama no es fácil para el Ministerio Público, pues la designación de la ministra Book fue una decisión de la propia Corte Suprema, luego de atender dos solicitudes, una de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y otra, en paralelo, del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga.
Es en base a esa resolución -dictada el 8 de mayo-, se cree que es muy difícil que el máximo tribunal desista de su decisión inicial y ahora deje el caso en el Ministerio Público, aunque las mismas fuentes consultadas advierten que nada se puede dar por sentado.
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